Jesús González Pirela
¿En dónde estamos?
Desde el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la
República en el año 1998, Venezuela ha transitado por importantes cambios políticos.
Un nuevo estilo de hacer política, aunado a la resistencia que gran parte de la sociedad ha manifestado
a las políticas gubernamentales, ha colocado al país en una crisis política de
grandes proporciones que ha conmocionado la vida de todos los venezolanos.
Particularmente desde el año 2012 y con la Muerte de Hugo
Chávez en el 2013, la crisis adquirió tintes más pronunciados. Que se han
manifestado significativos desacuerdos con relación a la visión del Estado y su
papel en la sociedad. Las discrepancias encontradas por gran parte de la
población al modelo de socialismo del siglo XXI planteado por los seguidores
del PSUV, están poniendo en riesgos de ruptura del acuerdo social en torno de
los modelos sociales que debe impulsar el modelo del desarrollo social,
político y económico y en consecuencia,
sobre la visión de sociedad a la que se aspira. Lo que se hace evidente en la
resistencia de gran parte de la población a la resolución No. 058.
Publicada en la Gaceta Oficial 40.029 del 16 de octubre de 2012, la Resolución establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo, que sustituye la Sociedad de Padres y Representantes. Así como la creación de una Asamblea Escolar como máxima instancia de participación, en la que otros actores distintos a los establecimientos educativos, cómo los consejos comunales tienen carácter decisorio en las actividades escolares.
Publicada en la Gaceta Oficial 40.029 del 16 de octubre de 2012, la Resolución establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo, que sustituye la Sociedad de Padres y Representantes. Así como la creación de una Asamblea Escolar como máxima instancia de participación, en la que otros actores distintos a los establecimientos educativos, cómo los consejos comunales tienen carácter decisorio en las actividades escolares.
Este
debate que ya tienen más de una año en la calle y que tiene varias medidas
legales en curso, tienen la principal resistencia en la disolución de la
autoridad de directores y docentes, porque las decisiones académicas y
administrativas, quedan en manos de los comités que estarán integrados por
docentes, estudiantes, padres, obreros y consejos comunales. Se cuestiona lo
engorroso de la organización y ejecución de las tareas de los comités que
pueden complicar la gestión escolar.
El temor de los ciudadanos es que los consejos comunales tiene fundamentos en la utilización política de los mismos durante los últimos años, esta demostrado que los consejos comunales afectos al oficialismo pueden ser utilizados la escuela para imponer su ideología. Es de aclarar que solo participan los consejos de la comunidad cercana al colegio. En el caso de los privados, serán los consejos comunales de la urbanización donde quede el plantel.
En los actuales momentos en los que no hay una sola
interpretación del texto constitucional en torno del papel del Estado en la educación,
y los actores tienen posiciones diferenciadas sobre el tema, estamos lejos de
encontrar, por la vía que llevamos, acuerdos que permitan garantizar la
promoción y desarrollo del marco normativo.
Ideologización y políticas públicas educativas
El debate ideológico en torno del tema educativo se puede
percibir muy confuso por el relativismo del discurso gubernamental, en el cual
existe una mixtura, al menos discursiva, entre marxismo, socialismo, cristianismo
y militarismo, entre otras, que no permite una clara identificación ideológica
tradicional. Todo ello se cobija bajo el nuevo modelo “bolivariano”, en el cual
se tiene la intención de “generar nuevas prácticas políticas que cambien
radicalmente la situación de atraso y deterioro institucional, y se le dé
rápida solución a los muchos problemas del sector educativo”.
La diatriba en materia educativa ha profundizado la
tendencia a dejar de lado los fines estratégicos del sistema educativo,
quedando el debate en las materias táctica-operativas. La ausencia de diálogo y
la confrontación hacen que tanto el Gobierno reduzcan los alcances del discurso
y predominen las posturas altamente ideologizadas.
Esto es muy concreto en la Colección
Bicentenario, que son 70 textos que cubre el nivel inicial
hasta secundaria (liceo). Los especialistas señalan que los libros son un
adelanto del contenido del nuevo currículo bolivariano socialista establecido
en el plan de la patria, en el cual expresamente se plantea la modificación del
sistema escolar a los objetivos del plan.
Los textos de la Colección Bicentenaria que pueden ser encontrados en la pagina web del Ministerio del Poder Popular para la Educación podemos observar la exagerada e ilegal carga ideológica enfocada en exaltar la figura del difunto Presidente Hugo Chávez y su gestión de Gobierno. Varias son las organizaciones y grupos académicos que han manifestado la manipulación de la historia de Venezuela para ajustarla al pensamiento oficial y como medio para la propaganda política.
El nuevo modelo de gobierno escolar, en cuyo contenido se desdibuja la función pedagógica de la escuela y se privilegia la formación ciudadana enmarcada en el modelo socialista bolivariano: lo político se termina por sobreponer a lo pedagógico.
La incorporación del discurso socialista del siglo XXI al
tema educativo introduce un nuevo elemento de discusión y una nueva carga de
contenido ideológico a la propuesta de cambio social y político. Esta nueva
interpretación de la realidad socialista, del carácter y la naturaleza del
Estado, tiene importantes implicaciones en el campo educativo, pues reabre la
discusión y da al traste la posibilidades de negociaciones y acuerdos ya que se
esta intentando imponer una sola visión de país enmarcado en el denominado
“Plan de la Patria” al que amplios sectores sociales se oponen fuertemente,
sobre todo bajo la sospecha que podría servir para formar venezolanos
fanatizados para un país socialista, quienes tendrían que demostrar
permanentemente su lealtad al régimen, como llegó a pasar en muchos países del
Bloque Socialista.
Toda ideología, como sistema articulado de valores y
creencias, que inspira un movimiento político que, a su vez, quiere guiar con
ella el comportamiento colectivo, tiene una enorme vocación romántica y utópica
y, desde ella, casi siempre es posible escurrirse hacia las tendencias totalitarias,
pues al no encontrar el suficiente respaldo de la población a los valores y
principios que se intentan implementar, utiliza la fuerza legal, política y de
seguridad para imponerlos. Latinoamérica tiene muchos ejemplos en este sentido:
las ideologías de la seguridad nacional (militarismo y tecnocracia) y la
marxista leninista (estalinista y autocráticas).
El nuevo modelo educativo intentará formar un ciudadano
para un país socialista, haciendo énfasis en la función de socialización de los
nuevos miembros como garantía para su integración e identificación con el grupo
humano del cual pasan a formar parte, colocando el tema educativo en el marco
del modelo de relaciones de producción a “que se aspira”.
Ante este escenario son previsibles el surgimiento y la
agudización de fuertes desacuerdos en el seno del sector educativo que exigirán,
para mitigar las confrontaciones, mayores espacios de intercambio y negociación
que los que hemos tenido hasta ahora y que con el actual gobierno parecen
imposibles. Librar el debate ideológico será inevitable por lo que la sociedad
civil, maestros y padres deberán organizarse para para asegurar fórmulas de consenso en relación
con los acuerdos mínimos necesarios en torno del papel del Estado en la
educación, para hacer contrastes y contrapeso al modelo político del socialismo
del siglo XXI, que pretenden instaurar en las escuelas.
Las bases del consenso social y los acuerdos normativos
El Estado venezolano, hasta la fecha, no ha abdicado
ninguna de sus funciones. La ley vigente de 1980 establece que la educación es una
función primordial e indeclinable del Estado, centralizado, y en el cual el
Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, tiene todas las competencias en
materia educativa, a pesar de que cerca de 40% de los centros educativos están
en manos de los estados y municipios, y dejando de lado la función de controlaría social que los ciudadanos deberían ejercer sobre las instituciones educativas, contempladas en la
Constitución de 1999.
En materia educativa el actual texto constitucional
refuerza el carácter público del servicio, el cual se extiende a otros niveles
y modalidades, profundizando los beneficios sociales que ya estaban previstos
en la Constitución de 1961 y en el marco normativo que la desarrolló:
• Derecho de todos a una educación integral, sin
discriminación de ninguna naturaliza y abierta a todas las corrientes de
pensamiento.
• Igualdad de oportunidades en el acceso.
• Responsabilidad indelegable del Estado en materia
educativa.
• Obligación del sector privado de colaborar con el
Estado en el cumplimiento del compromiso social en materia educativa (se
elimina el subsidio).
• Predominio del Estado en materia de formulación de
políticas educativas y como agente responsable de la supervisión y
administración del servicio público creado para tal fin. Con la colaboración de
los padres.
• Estado como regulador de la gestión e incorporación de
los educadores al sistema.
• Naturaleza pública del servicio educativo.
• Se extiende la gratuidad del servicio educativo hasta
nivel de pregrado universitario.
• Administración concurrente entre los niveles (nacional,
regional y municipal).
• Se incluye la autonomía universitaria y la
extraterritorialidad del campus universitario.
• Obligatoriedad de impartir en las instituciones
públicas y privadas: lengua castellana, educación ambiental, geografía,
historia de Venezuela y principios del ideario bolivariano.
Sin embargo, dos componentes significativos del nuevo
texto constitucional deben ser clarificados. En primer lugar, la obligatoriedad
de impartir contenidos programáticos que refuercen la nacionalidad y los
valores propios del ideario bolivariano, lo cual tiene una concepción ideológica
difusa por lo particular del concepto. En segundo lugar, el componente
participativo que está presente en todo el texto constitucional, que refuerza
el rol protagónico del conjunto social en los procesos de toma de decisiones en
todos los ámbitos y por consiguiente en lo relativo al tema educativo.
Teniendo presente el carácter reduccionista y maniqueo,
que generalmente comporta el análisis de las posturas extremas para interpretar
la realidad, es indudable que en la visión colectiva sobre el sistema educativo
se le reconocen al ciudadano obligaciones y derechos sobre las decisiones
relativas a los contenidos y valores que debe promover el sistema educativo, y
se establece la incorporación de nuevos sectores en las funciones de evaluación y supervisión, materia que debe ser
incluida en los nuevos textos normativos que desarrollen la Constitución.
El
MPPE inició hace dos semanas la Consulta
Nacional por la Calidad Educativa que servirá, según el Ministro Rodríguez,
para marcar las pautas para la reforma del sistema escolar, entre ellas la
elaboración del nuevo currículo escolar, que ya en cierta medida se esta
aplicando por los hechos a través de la Colección Bicentenaria y los contenidos
educativos impartidos a través de las canaimitas. Es un ambicioso proyecto que
espera, en tres meses, cubrir 29 mil planteles y consultar a más de cinco
millones de estudiantes, además de docentes y padres, pretende entonces dar
legitimidad a la instauración de un nuevo modelo educativo con un alto
contenido ideológico político, a pesar de que en los cuestionarios de la
consulta no hay preguntas relativas a la ideología de los padres o condiciones
económicas. Se interroga a los participantes cómo visualizan a una mejor
escuela.
¿Qué
hacer?
En el año 2012 comenzó el proceso de desarrollo legal con
la promulgación de la resolución 058 que
generó, en un principio mucha polémica, la que progresivamente fue superada por
una serie de problemas (Elecciones, muerte de Chávez, entre otros) pero hoy
reaparece la preocupación de sectores mayoritarios del país que se anteponen al
modelos socialista bolivariano, lo que hace mandatorio para este grupo de
venezolanos en el cual me incluyo, generar mecanismos de información y
participación democráticos para lograr consenso
en torno de los grandes temas educativos y presentar una contrapropuesta que
tenga amplia base social.
La situación vivida en el país a partir del 12 de febrero
de 2014 marca una ruptura de los consensos mínimos alcanzados, levantó de nuevo
suspicacias y profundizó la desconfianza entre los diferentes actores políticos
y organizaciones de la sociedad civil, quienes pugnan por hacer valer sus
puntos de vista desconociendo los nuevos
instrumentos legales ejecutados a raíz del 058. Es importante señalar que en su
amplia mayoría los diferentes sectores sociales e institucionales que actúan en
el sector educativo reconocen un importante papel al Estado en materia de
responsabilidades educativas, pero tienen profundas diferencias en la
implementación de prácticas pedagógicas que fomenten una sola corriente de
pensamiento y modifiquen de manera premeditada y con intencionalidad política
los procesos de enseñanza en las aulas de clase.
Esta resolución ha enrarecido nuevamente la discusión
objetiva sobre el papel del Estado en la educación y las atribuciones que le
corresponden desarrollar para propiciar condiciones adecuadas para el ejercicio
del derecho constitucional a la educación, cuando los voceros gubernamentales
hacen la salvedad de que los nuevos proyectos legales van orientados hacia la
consolidación de una democracia revolucionaria, establecida en el plan de la patria
y que es ampliamente rechazada por la mayoría del país.
El desafío ahora es superar los prejuicios ideológicos,
lograr producir una agenda normativa-programática sobre la base de la difícil realidad
que cada día se refleja en las aulas de clase. Se hace urgente buscar caminos
para alcanzar acuerdos que permitan la construcción de un futuro deseable,
tangible y posible para el país. Esto supone que todos los involucrados pongan
especial énfasis en la discusión de los grandes temas educativos. La construcción
o reinvención de un nuevo modelo educativo no es una tarea a corto plazo, no se
decreta y mucho menos se impone, es una labor compleja, que muestra sus
resultados en el largo plazo.
Varios son los objetivos que debe atender una política
pública en materia educativa por lo urgente de la mayoría de los problemas que
no están divorciados de la relación Estado sociedad, sobre la cual se define la
intervención de los órganos del poder público en cualquiera de sus ámbitos.
Desde la perspectiva de la educación y la sociedad, cuatro grandes temas
requieren ser relevados en la coyuntura presente:
1. Impulsar la calidad de la acción educativa, para lo
cual es necesario la transformación de las prácticas pedagógicas y mejorar la formación
ética e intelectual.
2. Mejorar la eficiencia de la gestión educativa, lo cual
obliga a generar cambios institucionales y normativos para modernizar y fortalecer
el sector educativo.
3. Salvaguardar la equidad en relación con los sectores
mayoritarios que accedan a la educación, para corregir los desequilibrios sociales
que se manifiestan en el sistema escolar por efecto de factores internos y
externos al sistema educativo.
4. Establecer con claridad las funciones y alcance de la
relación del Estado (gobierno nacional, regional y municipal) y la sociedad en materia
educativa, cosa esta que permita determinar con claridad las competencias y
mecanismos de control entre las partes y realizar un seguimiento de las
políticas emprendidas para dar solución a los problemas.
La discusión de estos grandes temas pasa obligatoriamente
por la organización y participación activas de los padres, maestros y
estudiantes; la actual coyuntura nos pone en la disyuntiva de organizarnos para
buscar soluciones desde los planteles. Es necesario oponerse con contundencia a
las pretensiones antidemocráticas y manipuladas del gobierno de Nicolás Maduro
a utilizar el sistema educativo como instrumento de manipulación
ideológica; pero esta oposición debe pasar
de una simple queja a acciones concretas en cada uno de los centros educativos
y a la incorporación activa a la lucha contra la instauración del sistema del
socialismo del siglo XXI planteado en el plan de la patria.
Es decir, todos los padres y representantes que se oponen
a este modelo deben incorporarse de manera activa, participativa y creativa a
las luchas que ya emprendieron los estudiantes el pasado 12 de Febrero; deben
articularse con todos los sectores ya que esta es una lucha contra de un modelo
que esta llevando a la ruina el país y es necesario cambiarlos prontamente.
Si tienen dudas o quiere ahondar en los temas antes
mencionado, le recomendamos consultar los siguientes link, de manera que
constate directamente algunos de los argumentos planteados en esta reflexión:
1.
Resolución
058: http://es.scribd.com/doc/111084914/Gaceta-Oficial-N%C2%B0-40029-16-oct-2012-DECRETO-058
2.
Objetivos
estratégicos del plan de la patria en materia educativa: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2014/04/una-mirada-los-objetivos-en-educacion.html
3. Formato para el registro de las opiniones de los
estudiantes de todos los niveles consultados, primaria y bachillerato: https://docs.google.com/file/
4. Pagina para consultar, todas las guías y documentos que se
van implementar en la consulta: http://www.cerpe.org.ve/
5. CURRICULO NACIONAL BOLIVARIANO: http://www.me.gob.ve/media/
6.
Plan
de la patria:
7.
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_90998c61a54764da3be94c3715079a7e74416eba.pdf
